¿La Derecha española se desprende de cualquier contención? ¿Peligra el orden constitucional? Por Jorge Navarro Cañada.

Difícilmente podemos hablar de lawfare si la maniobra judicial para acabar con el gobierno -en caso de existir- se realiza desde elementos dispersos e individualizados sin conexión ni organización previa. Estaría por ver también en qué medida podría estar dándose esta circunstancia.

En 2018 tras realizarse entre el gobierno del Partido Popular y el PSOE el nombramiento de los vocales del futuro Consejo del Poder Judicial (CGPJ) el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó dejaba por escrito (afectando directamente al Tribunal Supremo): “… controlando la Sala Segunda desde detrás", en referencia a la Sala lo Penal, competente para enjuiciar los casos que afectan a aforados, y "presidiendo la Sala del 61", (encargada de asuntos políticos como la ilegalización de partidos, en esa época trascendente y podría volver a serlo a medio plazo).

Recientemente el Tribunal Supremo hacía historia (y jurisprudencia) fulminando al Fiscal General del Estado introduciendo conceptos tan aparentemente incompatibles con cualquier ordenamiento democrático como añadir al condenado el hecho “o alguien de su entorno”, admitiendo la falta de pruebas -sí indicios- y acumulando una serie de irregularidades inéditas hasta la fecha.

Ahora, de nuevo el Tribunal Supremo genera jurisprudencia al cambiar niveles y grados referentes a figuras como la del “colaborador” y plantear sin ambages un escenario que pudiera parecer preparado para la inaudita judicialización de la política en España y el contexto de juicios sorprendentes sobre familiares del presidente del gobierno, casos de corrupción e incluso sentencias europeas destinadas a tener trascendencia en la situación política de España, por ejemplo la que afectan al Procés catalán o al fugado Carles Puigdemont. Estos últimos incluso, quizá podrían afectar a la de momento poco probable moción de censura que a pesar del ruido Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, no realiza.

Pretender que la “salida airosa” de Víctor de Aldama de sus actividades delictivas y su conversión a personaje mediático e influyente en la sociedad española no genera alarma social es un ejercicio de cinismo político al que estamos asistiendo. Por poner un ejemplo del contexto y la situación que estamos viviendo.

¿Estamos asistiendo a una concurrencia de movimientos desde la Derecha española que van desde los partidos políticos a la judicatura, o desde lo mediático a organizaciones civiles (incluso violentas y delictivas) para alcanzar el poder por encima del ordenamiento constitucional? Cuando hablo del poder me refiero al gobierno de España, otros poderes ya los controlan desde hace tiempo.

No es una cuestión concreta del juez Peinado y su objetiva violación de derechos fundamentales de la esposa del presidente del gobierno. Tampoco de a judicialización penal de contenciosos administrativos como el que habría surgido con el hermano de este.

Ni siquiera, y aquí ya hay que tomarlo en un tono más preocupante, de la sorprendente y novedosa actuación del tribunal máximo español, el Tribunal Supremo.

Tampoco de la presencia apabullante de personajes incomprensibles en una sociedad civil democrática como los activistas de ultraderecha camuflados de periodistas, delincuentes que llaman abiertamente a la liquidación del gobierno de España y reciben premio judicial por ello, o matones profesionales que firman contratos y acuerdos con instituciones del Estado.

Igualmente parece difícilmente digerible en términos democráticos como Fuerzas de Seguridad del Estado con indistintamente acusadas de incumplir plazos o hacer informes sesgados, de violencia indiscriminada en protestas sociales, incluso peor, que un juez llegue a situarlos como posibles actores de una trama de fuga de las instancias más altas del Estado.

No hace falta seguir describiendo la desastrosa novedad en la que se encuentra España y las posibilidades que se abren tras la posible llegada al poder de una coalición de partidos que incluye a la extrema Derecha y un coro de organizaciones y circunstancias que alguien podría pensar responden a la orden y batuta del líder moral del conservadurismo radical español que entonara el exitoso “el que pueda hacer que haga”.

En El Polemista durante sus 15 años de existencia se han tratado multitud de temas relacionados aunque nunca en una situación política como la que vivimos ahora. De forma gráfica ironicé sobre la sentencia del Tribunal Supremo en le caso contra el Fiscal General del Estado (imagen abajo). Aun así la ilustración escogida es de Julio Rey porque plasma con exactitud el momento de aturdimiento que ha generado la última en la que condenaba al ex ministro socialista Ábalos y su colaborador Koldo García junto al delincuente y corruptos de ambos Víctor de Aldama.

No pasar por alto, añado a esto último, la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez en las actividades de José Luis Ábalos como elemento primordial y esencial en esa trama y su juicio.

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