¿Qué hace que un país que hasta hace muy poco era el segundo país más seguro de América Latina para que en solo seis años se haya convertido en uno de los Estados más violentos multiplicando su tasa de homicidios? Ello en una crisis política absolutamente desestabilizante que comienza al final del mandato de Rafael Correa (2007-2017) y crece en el de Lenin Moreno (2017-2021) para hacerse insoportable en de Guillermo Lasso (2021-2023) o el de Daniel Noboa, que para mayor complicación nace como un gobierno débil y transitorio (hasta 2025), con poco apoyo parlamentario y escasa experiencia. Y hereda del de Lasso, (de ideología neoliberal a diferencia de anteriores que habían hecho el “milagro” a base de gasto público de muy dudoso origen), que debía haber acabado su mandato en 2025, pero disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones para evitar las consecuencias del juicio político iniciado contra él por malversación de fondos públicos. Todo ello en un contexto en el que se celebraban las elecciones con asesinato de candidatos y violencia generalizada. En este punto es necesario advertir del estado de militarización y estado de excepción en el que está sumido Ecuador, conviene recordar que por el país pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia, y que es cierto que esta, el combustible, sus elementos químicos y armas fluyen entre los dos países impunemente. Todo ello hace evidente la relación del crimen vinculado a la lucha política en un clima de corrupción generalizada. Así de manera incesante sonaban voces que reclamaban una solución que imitara a la de Nayib Bukele en Salvador, acabar con el narcoestado y la violencia por la vía de la represión indiscriminada y generalizada. Esta tentación parece tan inevitable como de consecuencias catastróficas por tener muy difícil vuelta atrás, el viaje de la democracia al régimen autoritario tiene visos de ser probable.
Así llega un gobierno que tiene como prioridad afrontar
la crisis que supone, hasta el punto de doblegar al Estado de Derecho,
resolver la violencia generalizada de numerosas bandas asociadas a carteles
mexicanos y colombianos que imponen el terror en todo Ecuador, entre
2018 y 2022, la tasa de homicidios se cuadriplicó y llegó a 26 asesinatos por
cada 100.000 habitantes. Por supuesto ello incluye un sistema penitenciario
inasumible con prisiones transformadas literalmente en campos de batalla donde
los choques entre organizaciones dejan más de 460 muertos desde 2021. Las
prisiones son verdaderas ciudades controladas por bandas (siete de ellas
fundamentales, Chone Killers, Águilas, Fatales, Latin Kings, Lobos, Tiguerones
y la Mafia). La actual crisis está vinculada a la fuga de José Adolfo Macías
Villamar, alias Fito, líder de los Choneros, brazo operativo del cartel
mexicano de Sinaloa -la impunidad del personaje llega a presentar el
videoclip El Corrido del León parcialmente garbado en prisión-. Son
los cabecillas de estas bandas los que han desatado la ola de atentados y
motines carcelarios que desde domingo 7 de enero han puesto en jaque al
gobierno.
No es difícil imaginar una situación económica alarmante,
con 17,7 millones de habitantes, el riesgo de pobreza afecta al 25,2% de la
población. La deuda pública representa casi un 62,3% del PIB.
La solución a la situación actual no la puede poner
Ecuador por sí mismo, necesitará de la muy activa colaboración internacional,
pero es un aviso a navegantes sobre un fenómeno que amenaza de forma
existencial a varios Estados en América en su forma más extrema, la
Comunidad Internacional tiene que comprender que el fenómeno de las
organizaciones internacionales de narcotráfico agrava las crisis mundiales convergentes
y suponen un reto y una amenaza para todo el mundo.
ÍNDICE de EL POLEMISTA (ya se habían tratado las
elecciones ecuatorianas y hay diversos temas relacionados) http://elpolemista.blogspot.com/2023/12/indice-completo-de-el-polemista.html
Foto AFP.
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